He vuelto a reflexionar sobre el llamado plebiscito.  Lo he hecho a la luz del examen de la terrible década del treinta en nuestra historia.  Creo que nos encontramos en una encrucijada que guarda  extraordinaria similitudes con ese difícil momento.

“Colonia es aquel pueblo que, aún gozando de ciertos poderes, reales o aparentes, está sujeto a perder esos poderes por decisión, voluntad o capricho del gobierno de otro pueblo sin su intervención ni consentimiento”.  Así definió  el 25 de  junio de 1936 Luis Muñoz Marín la condición colonial  de Puerto Rico.  No le faltaba razón en aquel  momento, no le falta  tampoco en el presente.

La realidad histórica que vivía Puerto Rico en la década de los treinta, sumido en una profunda  crisis económica, con los principales partidos políticos despedazándose por obtener  los aparentes poderes que le permitirían  administrar el menguado presupuesto y la nación interventora haciendo oídos sordos a los reclamos de mayores poderes para poder salir adelante, guarda extraordinarias similitudes con nuestra realidad presente.

En ese  crucial momento histórico el Partido Nacionalista Puertorriqueño, bajo la dirección de Don Pedro Albizú Campos, estableció  la suprema definición:  yankis o puertorriqueños.  La más violenta represión y el más ladino juego político fue ensayado por el imperio.  Las consecuencias de la imposición de la voluntad imperial, por la cárcel y el asesinato para los mejores hombres y mujeres de la Patria y por el consentimiento sumiso de aquellos a quienes le faltó valentía moral y valor físico, las estamos viviendo hoy.

Los plebiscitos para determinar el destino político final de un pueblo sometido por otro, siempre constituirán una farsa.  El colonialismo, como la esclavitud, se han definido como crímenes contra la humanidad.  El derecho de un pueblo a su independencia, como el derecho de un ser humano al ejercicio de su libertad, son derechos que se reconocen, jamás se consultan.

Si el gobierno norteamericano fuera lo democrático que dice ser, reconocería el derecho de Puerto Rico a su independencia, establecería, con arreglo al derecho internacional, el mecanismo de transición política correspondiente, así como la indemnización económica necesaria para garantizar  la estabilidad socio-económica  de la nueva república.  El cumplimiento de los Estados Unidos de América con los lineamientos que definen su Constitución y el derecho internacional nos ahorraría el bochornoso comportamiento  del presente liderato político del País, quienes ignorando la historia se aprestan hoy a repetirla, esta vez como tragedia.

El llamado plebiscito, propuesto para celebrarse  el día de las elecciones generales, no deja de ser un perfecto escondite para un liderato político que carece de la entereza moral para reclamarle al gobierno  norteamericano que le ponga fin a la realidad  colonial de nuestra Isla y cese de incumplir  con lo  que  los derechos humanos  le reclaman  desde hace  ya más de un siglo.

Realmente es poco trascendente  si una administración colonial fracasada busca hacer que un amplio  sector que hace cuatro años votó a su favor,  esperanzado en un cambio, los apoye otra vez.  Tampoco  es relevante si unos aspirantes a gerentes de la colonia votarán que si queriendo decir no a los que están.  Y si desgraciado es este juego de deshonestidad  cívica, más lastimoso  es que los que históricamente  siempre supieron lo que había que reclamar y a quién,  hoy se hayan sumado a la corriente que va por el despeñadero de la historia.

Lo que corresponde  atender de frente, sin subterfugios que nos desvían de la discusión  central para estructurar respuestas  efectivas a nuestros graves problemas sociales y económicos, es un reclamo del pueblo  al gobierno norteamericano para que de forma civilizada nos permita ejercer nuestro derecho a organizarnos para el logro del progreso, el bienestar y la felicidad  que hoy se nos niega.  Aquí no hay nada que consultar, de lo que se trata es de reconocer.  Y lo primero que tenemos  que reconocer es “que ningún país gobierna a otro, a la larga,  para beneficio del país gobernado”.  También lo dijo Muñoz  Marín en el 1936.  Una vez más, la historia le  ha dado la razón.