Actuando en aparente común acuerdo con Thomas Rivera Schats, los 6 jueces nombrados por Luis Fortuño al Tribunal Supremo han perpetrado un golpe a la Constitución de Puerto Rico.

Veamos los hechos. El Senado por inició una investigación del Juez Presidente del Tribunal Supremo por supuestamente usar indebidamente propiedad pública. A su vez, la Administración de los Tribunales contrató al exfiscal especial independiente César López Cintrón –odiado por Rivera Schatz, para conducir una investigación sobre el uso de los recursos públicos en el sistema de tribunales.

Inmediatamente los 6 jueces nuevos cuestionaron públicamente la acción de Tribunales. Se auto convocaron en ausencia del juez Presidente y produjeron dos resoluciones para: cambiar las reglas que rigen las investigaciones especiales en la Ramo Judicial y ordenar la disolución inmediata, so pena de desacato, del contrato de López Cintrón.

Al actuar de forma claramente contradictoria al ordenamiento constitucional, estos señores jueces le hacen un daño permanente al prestigio del Tribunal Supremo a la vez que usurpan sin razón jurídica las funciones constitucionales del Juez Presidente en su carácter de director del sistema de tribunales.

La costitución dice en la Sección 7 del Artículo V que: “el Tribunal Supremo adoptará las reglas para la administración de los tribunales”. Y que: “el Juez Presidente dirigirá la administración de los tribunales y nombrará un director administrativo, quien desempeñará su cargo a discreción de dicho magistrado.”

Es decir, que el tribunal en pleno adopta las reglas administración, pero el Juez Presidente está encargado de los actos administrativos. Pero estos nuevos jueces movidos por un ánimo expresamente político, y avalando la intervención indebida de la rama legislativa en los asuntos de la judicatura, han usurpado sin pudor alguno las funciones administrativas del presidente del Tribunal.

A partir de este nuevo orden político, la administración de la Rama Judicial queda sometida al ánimo de un grupo de jueces. Así se echa por la borda la coherencia y autoridad encomendada en la Constitución al designar una sola figura para dirigir los tribunales.

Detrás de toda crisis en realidad está el deseo gobierno del PNP de desbancar al Juez Presidente del Supremo, para nombrar uno que le responda a su visión político-ideológica. Sin esta malsana intervención, Federico Hernández Denton saldría del Tribuna; por edad en 2014. Para entonces no será el PNP quien gobierne y por tanto quien designe a su sucesor.

Gracias a la acción sin precedentes de los recién estrenados jueces, Hernández Denton tendrá que enfrentarse sin autoridad alguna, a una investigación senatorial viciada por el desbocado apetito de poder de Rivera Schatz. Si todo sale según lo acordado, antes que termine el cuatrienio habría un Juez Presidente nombrado por  Luis Fortuño y confirmado por Rivera Schatz. Es decir uno leal al movimiento político que estos representan.

La independencia de los tribunales es esencial para mantener el orden legal en una sociedad. Acciones como la perpetrada por estos jueces y sus jefes políticos representan el principio del fin del acuerdo social que mueve a los ciudadanos a acatar las decisiones judiciales aunque no les favorezcan. Perdemos así la garantía de que los conflictos se resuelvan con apego a estricto derecho. Reinará entonces la ley de la selva en Puerto Rico.